Edición 062/2026
Buenos días Chihuahua.
Hoy es lunes 17 de agosto de 2026
A casi un año de la reestructuración del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el discurso oficial que prometía un sistema renovado, moderno y comprometido con la justicia parece haber quedado reducido a una fachada.
Lo que hoy se vive al interior del Tribunal Superior de Justicia no es una etapa de transición ni un periodo de ajustes: es, según diversas versiones internas, la peor degradación institucional en más de dos siglos de historia judicial en la entidad.
En fechas recientes comenzó a circular información que, de confirmarse, revelaría una trama de corrupción de dimensiones alarmantes.
Se habla de un grupo de alrededor de quince juzgadores, en su mayoría del ámbito penal, que operan bajo un mecanismo tan burdo como perverso: un tabulador. Sí, un tabulador de precios para liberar a delincuentes de alto impacto mediante el cambio de medidas cautelares. La justicia convertida en mercancía, la ley reducida a trámite negociable, la imparcialidad sustituida por tarifas.
Las versiones señalan que este esquema no solo involucra a jueces, sino que alcanza incluso a algunos magistrados que, lejos de ser garantes de legalidad, habrían fungido como operadores de esta red.
En este contexto, sorprende —y preocupa— el silencio de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, así como la ausencia de acciones del Comité de Disciplina Judicial. La omisión, en momentos como este, no es neutral: es cómplice.
El descaro de ciertos juzgadores llega al extremo de realizar audiencias a medianoche para concretar cambios de medidas cautelares que permiten la liberación de presuntos responsables de delitos graves. No se trata de decisiones técnicas ni de interpretaciones jurídicas controvertidas; se trata de operaciones nocturnas que, según las versiones internas, se realizan a cambio de dinero.
El tabulador que circula maneja cifras que alcanzan hasta quinientos mil pesos por cada liberación. Una olla de presión que tarde o temprano estallará.
Muy lejos ha quedado el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua de ser una institución comprometida con la defensa de los más vulnerables. La reforma judicial impulsada por López Obrador, ejecutada por Claudia Sheinbaum y replicada en Chihuahua con la renovación total del sistema, prometía depurar vicios históricos y fortalecer la confianza ciudadana. Sin embargo, lo que hoy se observa es un retroceso que no encuentra paralelo en más de doscientos años de vida institucional.
El Poder Judicial, que debería ser el contrapeso más firme frente a los abusos del poder y la criminalidad, parece haber cedido terreno a prácticas que lo colocan al borde del descrédito total. Juzgadores que deberían estar en una sala de juicio, impartiendo justicia con rigor, aparecen señalados como protagonistas de una red que, de comprobarse, los colocaría más cerca de una celda que de un estrado.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué mecanismos de control fallaron? ¿Quién permitió que la justicia se convirtiera en un mercado nocturno? Y, sobre todo, ¿qué hará la sociedad chihuahuense ante un Poder Judicial que parece haber renunciado a su misión más elemental?.
Usted, lector, tiene la última palabra. ¿Qué opina?
