La solicitud de juicio político se presentó este día ante el Congreso del Estado
Los abogados Héctor Villasana, Enrique Eduardo Muñoz y Eloy Soto Payán acudieron este día al Congreso del Estado para presentar una solicitud de juicio político en contra de la magistrada penal Elizabeth Macías Márquez, al considerar que su actuación en un reciente caso judicial, donde liberó a Fernando Ramírez Gutiérrez, hermano del actual presidente del Congreso del Estado, constituye faltas graves previstas en la Constitución local.
De acuerdo con el abogado Villasana, según expuso para HBMNoticias.com, la magistrada impidió a las víctimas, quienes fueron atacadas a balazos y resultaron heridos en una funeraria de Hidalgo del Parral- el acceso a la justicia al emitir la resolución que dejó en libertad al hermano del presidente del Congreso del Estado.
Señaló que la funcionaria judicial actuó en exceso de jurisdicción y que su fallo favoreció indebidamente a la parte acusada, pese a que la apelación había sido promovida únicamente por el Ministerio Público.
Villasana afirmó que la magistrada debió excusarse de conocer el asunto, pues —según dijo— en el pasado ella misma se apartó de diversos casos en los que participaba el abogado Enrique Muñoz, argumentando animadversión personal hacia él.
“Ella lo expresó así en su momento. Siempre se excusaba. Ahora que es magistrada no lo hizo. Es algo muy sospechoso”, declaró.
Los promoventes sostienen que la conducta atribuida a Macías Márquez encuadra en las causales de juicio político, al tratarse de presuntas acciones que afectan el buen funcionamiento del Poder Judicial y lesionan derechos fundamentales de las víctimas, quienes continúan enfrentando secuelas físicas y emocionales derivadas del hecho original.
La solicitud presentada ante el Congreso pide que se inicie el procedimiento correspondiente para determinar la separación del cargo y el enjuiciamiento político de la magistrada. Los abogados adelantaron que, de manera paralela, continuarán con la promoción de un juicio de amparo y con una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
El Congreso deberá turnar la petición a la instancia competente para su análisis y eventual admisión, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
