La diputada federal chihuahuense Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el fin de regular el cierre, traslado o salida de empresas maquiladoras y manufactureras, en respuesta a la pérdida masiva de empleos en Ciudad Juárez y otras zonas de la frontera norte.
La legisladora argumentó que la medida busca frenar “cierres abusivos” y garantizar que los trabajadores no queden desprotegidos ante decisiones empresariales unilaterales.
Según datos expuestos por la propia diputada, desde 2023 se han perdido alrededor de 65 mil empleos en Ciudad Juárez, además del cierre reciente de 17 plantas que dejó sin ingresos a 9 mil trabajadores, y del caso de First Brands Group, cuya bancarrota en Estados Unidos dejó a cientos de empleados sin liquidación.
La propuesta contempla un aviso obligatorio de cierre con 90 días de anticipación, un fondo económico para indemnizaciones inscrito en el contrato colectivo y sanciones por fraude o simulación, incluyendo la posibilidad de dar vista al Ministerio Público.
Sin embargo, mientras Aguilar centra su discurso en prácticas empresariales que califica como irresponsables, la iniciativa evita cuestionar otro factor señalado por especialistas y actores económicos: las condiciones estructurales que dependen del Gobierno federal para atraer, retener y fortalecer la inversión en la frontera.
Diversos análisis han señalado que la competitividad de la industria maquiladora está vinculada a políticas públicas federales en materia de energía, seguridad, infraestructura, incentivos fiscales y certidumbre regulatoria. En ese contexto, voces críticas consideran que la discusión sobre el cierre de plantas no puede limitarse a la conducta de las empresas, sino que también debe incluir la revisión de las condiciones que el propio Estado genera o deja de generar para sostener la actividad industrial, algo que Morena ha olvidado en el país.
Aun así, Aguilar sostuvo en tribuna que su propuesta busca que “nunca más una familia se quede sin sustento de un día para otro”, colocando el énfasis en la protección laboral y en la responsabilidad empresarial, sin incorporar cuestionamientos sobre el papel del Gobierno federal en la caída de empleos en la región.
La iniciativa será turnada a comisiones, donde se prevé un debate más amplio sobre la regulación de la industria maquiladora y las responsabilidades compartidas entre empresas y autoridades.
