Edición 041/2026
Buenos días Chihuahua.
Hoy es lunes 16 de febrero de 2026.
Solo en México pasan estas cosas.
Las evaluaciones más recientes de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) exhiben un deterioro profundo en la capacidad fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los gobiernos federales de Morena.
El informe —fechado en 2025 y elaborado por el único órgano autorizado para revisar el desempeño de la ASF— concluye que la institución dirigida por David Colmenares Páramo ha reducido drásticamente la presentación de denuncias, acumula retrasos prolongados y arrastra omisiones graves en la integración de expedientes.
Según la UEC, estas fallas colocan a numerosos casos en riesgo de prescripción y amenazan con generar “pérdida de confianza ciudadana, debilitamiento del combate a la corrupción y cuestionamientos sobre la utilidad de los recursos destinados a la fiscalización superior”.
En casi diez años, la ASF sólo ha logrado cuatro sentencias condenatorias firmes contra cinco personas, pese a haber presentado 367 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). La UEC advierte que esta mínima efectividad —apenas 1.09 por ciento— incrementa la posibilidad de que irregularidades graves en los gobiernos de AMLO y Sheinbaum queden sin castigo y alimenta la percepción de ineficacia tanto de la fiscalización como de la coordinación con la FGR.
La evaluación identifica “retrasos críticos” en la integración y presentación de denuncias, con demoras de hasta siete años entre la detección de irregularidades y la acción legal correspondiente. Esta lentitud coloca a la mayoría de los expedientes en un “alto riesgo de prescripción”.
El informe señala además una “deficiencia estructural” dentro de la ASF: no existen estimaciones internas sobre plazos de prescripción ni mecanismos para priorizar los casos más urgentes, lo que, en palabras de la UEC, “debilita la fiscalización”.
El análisis se publica en la recta final del periodo de ocho años de Colmenares Páramo —que concluye el 15 de marzo— y en un momento en que el auditor superior ha manifestado su intención de buscar la reelección para un segundo periodo.
El documento revela una tendencia sostenida a la baja en la presentación de denuncias. De la revisión de la Cuenta Pública 2020 surgieron 17 denuncias; en 2021 sólo dos y en 2022 apenas una. Hasta septiembre de 2025 no se había presentado ninguna correspondiente a la Cuenta Pública 2023 algo que en toda lógica refleja un encubrimiento a las múltiples irregularidades que se han hecho públicos en el manejo de recursos públicos.
De las 30 denuncias analizadas entre 2019 y 2023, 28 siguen en etapa de integración —el 93 por ciento— y únicamente una ha sido judicializada.
En el ámbito administrativo, el panorama es similar. De 1,833 promociones de responsabilidad por faltas graves enviadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sólo 1.9 por ciento ha concluido y únicamente 18 resoluciones han derivado en sanciones. La mayoría permanece en substanciación, con rezagos atribuibles a la ASF que también podrían desembocar en prescripción.
El manejo de los recursos públicos multimillonarios por el gobierno de la República refleja una opacidad, pero sobre todo impunidad de quienes se aprovechan para enriquecerse a cargo del país.
A pesar de todo esto, el titular de la ASF David Colmenares ha anunciado que buscará reelegirse en el próximo mes de marzo para otro periodo de ocho años, la verdad algo incongruente y fuera de toda lógica por sus malos resultados.
Al tiempo.
