La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), Yanko Durán Prieto, advirtió que la eventual implementación de la elección directa de regidurías por demarcaciones territoriales representaría un proceso complejo desde el punto de vista técnico y financiero, aunque afirmó que el organismo electoral está en condiciones de organizarla si así lo determina el Congreso del Estado.
Durán Prieto señaló que el tema ha sido analizado previamente con el Poder Legislativo, a fin de exponer los principales aspectos que deberían considerarse antes de avanzar en una reforma de este tipo. Indicó que, si bien el modelo presenta ventajas en términos de representación, su operación implicaría modificaciones profundas al sistema electoral vigente.
Entre los retos principales mencionó la necesidad de rediseñar distritos y secciones electorales, así como definir si se mantendría el número actual de regidurías en cada municipio. Estas adecuaciones, explicó, requerirían la impresión de un mayor número de boletas, lo que incrementaría de manera considerable el costo del proceso electoral.
La titular del IEE también alertó sobre la complejidad en el conteo de votos, ya que el volumen de papeletas dificultaría el cómputo en las casillas, lo que obligaría a ampliar los tiempos o adoptar un esquema de cómputo centralizado similar al utilizado en la elección del Poder Judicial, lo que a su vez demandaría mayor personal y recursos.
Asimismo, advirtió que en municipios con un número reducido de regidurías se facilitaría la participación de candidaturas independientes, lo que generaría mayores costos administrativos y operativos, sin que actualmente exista un parámetro claro para estimarlos.
Pese a estos desafíos, Yanko Durán subrayó que el IEE no se opondrá a la implementación del modelo si el Congreso del Estado aprueba la reforma correspondiente, reiterando que el instituto tiene la obligación de organizar los procesos electorales que determine la ley.
Finalmente, enfatizó que el organismo electoral debe atender la voluntad ciudadana y garantizar los mecanismos necesarios para que la ciudadanía elija a quienes la representarán en los cargos públicos, conforme al marco legal que se establezca.
