Edición 037/2026
Buenos días Chihuahua, hoy es martes 27 de enero de 2026.
El regreso a clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) ayer lunes 26 de enero, dejó al descubierto una decisión que ha sacudido a la comunidad académica: decenas de maestros por contrato quedaron fuera de las aulas al no renovárseles el documento que les permitía impartir clases.
La cifra no es menor. En toda la institución, más de 27 mil estudiantes volvieron a las aulas con materias reasignadas y grupos reconfigurados de último momento. En la Facultad de Derecho, por ejemplo, se habla de alrededor de 50 docentes por contrato que simplemente ya no fueron convocados para el semestre enero–junio de 2026.
Lo mismo paso en otras Unidades Académicas bajo el argumento de ahorrar dinero al Alma Mater.
La explicación es que las materias fueron absorbidas por profesores hora clase, de medio tiempo o tiempo completo que no tenían tanta carga laboral. Pero detrás de esa explicación administrativa se esconde una realidad más compleja: la precarización del trabajo académico y el uso político de los espacios docentes.
Durante años, la UACh operó con una plantilla paralela de maestros por contrato que sostenían buena parte de la carga educativa. Muchos de ellos, con experiencia, trayectoria y reconocimiento entre los estudiantes. Otros, es cierto, llegaron por vínculos políticos, amistades o favores que se arrastran desde administraciones pasadas. Pero la decisión de cortar de tajo a todos por igual —sin aviso, sin evaluación transparente y sin un plan académico claro— no corrige el problema: lo desplaza y lo agrava.
Porque mientras algunos docentes entraron por influencias, otros entraron por méritos con buena cátedra a los alumnos. Y hoy todos fueron colocados en la misma bolsa de “prescindibles”.
El resultado es un escenario donde los profesores de base absorben materias que no necesariamente dominan, donde los estudiantes enfrentan cambios abruptos en su formación, y donde la universidad manda un mensaje preocupante: la estabilidad laboral y la calidad educativa pueden sacrificarse en nombre de la reorganización interna y el ahorro de recursos.
La molestia entre los maestros “despedidos” no es solo comprensible: es legítima. No se trata de defender privilegios, sino de exigir reglas claras, procesos justos y decisiones que prioricen la enseñanza por encima de los acomodos políticos o administrativos.
La UACh está en un punto crítico. Puede optar por la transparencia, la profesionalización y la evaluación real del desempeño docente. O puede seguir apostando por decisiones opacas que afectan a quienes sostienen la vida académica día a día.
Lo que ocurrió este inicio de semestre no es un ajuste menor. Es un recordatorio de que las universidades públicas no pueden seguir administrándose como si fueran botines políticos ni experimentos improvisados. La comunidad universitaria merece claridad, respeto y un proyecto académico que esté a la altura de su historia. Algo que parece dista mucho en la actual administración.
Al tiempo.
