Edición 036/2026
Buenos días Chihuahua, hoy es 26 de enero de 2026.
La nueva CURP biométrica se vende actualmente como el salto tecnológico que México necesita para simplificar trámites y “blindar” la identidad de millones de personas. El discurso oficial promete eficiencia, rapidez y seguridad. Pero detrás de esa narrativa futurista se esconde un proyecto que avanza sin responder la pregunta más básica en una democracia: ¿quién protege a los ciudadanos cuando el Estado concentra sus datos más sensibles? y sobre todo el uso que el régimen izquierdista dará a ellos.
La CURP biométrica no es una actualización administrativa; es la construcción de un archivo nacional con rasgos que no pueden revocarse ni reemplazarse. Una contraseña se cambia. Una credencial se repone. Pero una huella digital, un iris o un rostro no tienen repuesto.
Esa irreversibilidad convierte cualquier filtración en un daño permanente al ciudadano, al chihuahuense en nuestro caso. Y aun así, el proyecto apuesta por un modelo centralizado que concentra millones de identidades en un solo sistema finalmente manejado por la Segob.
Mientras otros países han optado por esquemas descentralizados —donde los datos permanecen en el dispositivo del ciudadano o se usan solo para validar— México decidió almacenar todo, para siempre, en un repositorio único.
El gobierno de la República encabezado por Morena asegura que habrá seguridad informática. Pero la discusión no es técnica, sino política. ¿Quién supervisará el uso de esta base de datos?, ¿Quién auditará los accesos?, ¿Quién informará a la ciudadanía si ocurre un robo de esos datos?.
Hoy, la respuesta es nadie.
El órgano encargado de proteger los datos personales está debilitado, sin capacidad plena para fiscalizar al propio Estado.
La CURP biométrica se presenta como una herramienta para trámites. Pero la historia reciente demuestra que las bases de datos gubernamentales incluido México rara vez se quedan en su propósito original. Lo que inicia como un mecanismo administrativo puede terminar integrado a sistemas de seguridad, migración, fiscalización o vigilancia política.
No porque sea ilegal, sino porque no existe una ley que lo impida con claridad.
La elasticidad del uso es el verdadero riesgo: una infraestructura diseñada para validar identidades puede convertirse en una herramienta para monitorear ciudadanos, y más los que son opositores al régimen actual de Morena.
Algo cuestionable es que el proyecto contempla recolectar múltiples biometrías simultáneamente, sin explicar por qué una sola no sería suficiente. Tampoco se ha detallado cuánto tiempo se conservarán los datos ni bajo qué criterios podrían eliminarse.
Se ha comprobado que acumular información no garantiza mayor seguridad. Muchas veces solo amplifica la superficie de riesgo.
Nadie cuestiona que la modernización del Estado es necesaria. Lo que resulta preocupante es que se haga sin un debate público robusto, sin transparencia sobre costos y sin límites claros sobre el uso de la tecnología.
La CURP biométrica avanza más rápido que la conversación nacional sobre privacidad, derechos digitales y control del poder. Y cuando la tecnología corre más que la democracia, el resultado suele ser un ciudadano más expuesto, no más protegido.
El debate no es si el gobierno federal debe usar tecnología avanzada. El debate es qué garantías existen cuando esa tecnología falla, se abusa o se desborda.
La confianza no se decreta. Se construye con reglas estrictas, supervisión independiente y transparencia real. Hoy, la CURP biométrica ofrece un riesgo silencioso: entregar al Estado una llave que, si se usa mal, no se puede recuperar.
Al tiempo.
