Edición 035/2026
Buenas tardes Chihuahua.
Hoy es jueves 15 de enero de 2026.
La disputa por la posible alianza PAN–PRI en Chihuahua dejó de ser un debate técnico-electoral para convertirse en un choque de advertencias políticas.
El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, introdujo un elemento inesperado en la conversación: el riesgo de cárcel para funcionarios panistas si el partido pierde el poder en 2027.
La frase, que rápidamente generó reacciones, revela más que una provocación; expone la tensión real que atraviesa a los partidos tradicionales en un escenario donde Morena avanza en la entidad y la competencia interna se recrudece.
Domínguez no habló de encuestas ni de estructuras, sino de consecuencias. Según su planteamiento en las mas reciente rueda de prensa, un eventual triunfo de Morena abriría la puerta a investigaciones que podrían alcanzar a integrantes del actual gobierno estatal.
En contraste, afirmó que el PRI, aun en su peor escenario, solo enfrentaría la pérdida de militantes, no procesos judiciales. La comparación no solo busca diferenciar a su partido, sino presionar al PAN en un momento en que la negociación de una alianza parece estancada.
El mensaje tiene un destinatario claro: la dirigencia panista de Daniela Álvarez, que ha mostrado reservas sobre una coalición con el priismo local.
Al advertir sobre riesgos legales, Domínguez coloca al PAN frente a un dilema estratégico: competir solo y arriesgarse a perder el gobierno, o pactar con el PRI para contener el avance de Morena.
La declaración, más que un ataque, funciona como un recordatorio de que la política chihuahuense ya no se juega únicamente en el terreno electoral, sino también en el judicial.
La respuesta del PAN fue inmediata. Voces internas, legisladores locales y diversos actores políticos exigieron que el priista precisara nombres y motivos, interpretando la frase como una insinuación directa contra el gobierno estatal de Maru Campos.
Sin embargo, más allá de la polémica, la discusión revela un fenómeno más profundo: la creciente judicialización del discurso político. En un país donde los cambios de gobierno suelen venir acompañados de auditorías, denuncias y revisiones, el “factor cárcel” se ha convertido en un recurso retórico para presionar, negociar o desacreditar.
La declaración de Domínguez también reconfigura la narrativa interna del PRI. En lugar de presentarse como un partido debilitado, se coloca como una fuerza que —según su propio dirigente— no teme a una alternancia. Es un intento de reposicionamiento simbólico: el PRI como organización que ya pagó sus costos históricos y que ahora se muestra “sin miedo” frente a un cambio de gobierno.
Rumbo a 2027, el episodio deja una lección clara: las alianzas no se definirán solo por cálculos aritméticos, sino por percepciones de riesgo, protección y supervivencia política.
En ese tablero, las palabras de Domínguez no son un exabrupto, sino una pieza más en una negociación que apenas comienza.
Al tiempo.
