Un Juez de Control Federal dictó el pasado fin de semana auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que presentó los elementos de prueba que demuestran que presuntamente Duarte, mientras fungió como servidor público, habría instrumentado un complejo esquema para desviar y ocultar más de 73 millones de pesos del erario estatal.
La investigación de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), señala que el exgobernador de Chihuahua utilizó su posición para desviar fondos públicos destinados, en teoría, al apoyo del sector ganadero de la entidad.
El mecanismo del delito consistió en:
Transferencia de recursos: Se ordenaron transferencias de recursos estatales por un monto total que superaba los 96 millones de pesos a dos entidades privadas: la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y la Financiera de la División del Norte SOFOM.
Conflicto de interés: El exgobernador figuraba como accionista mayoritario en ambas empresas.
Lavado de dinero: De este total, la FGR documentó que 73 millones 925 mil 995.09 pesos fueron objeto de operaciones para ocultar su procedencia.
Esto incluyó ocho operaciones distintas y la dispersión del dinero mediante transferencias sucesivas hacia cuentas personales de Duarte, su esposa y sus hijos, con el fin de dificultar el rastreo de los fondos.
Esta vinculación a proceso corresponde a una causa penal federal independiente de los cargos por peculado y asociación delictuosa que enfrenta el exgobernador ante la Fiscalía de Chihuahua, delitos por los cuales fue extraditado desde Estados Unidos en junio de 2022, reitera la FGR aunque la defensa de Duarte insiste que se trata de los mismos hechos de la acusación en Chihuahua, por lo que debió ser liberado.
