El nuevo plan de pacificación anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para Michoacán, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ha sido recibido con escepticismo por grupos ciudadanos y productores agrícolas, que advierten que la estrategia “llega tarde y repite errores del pasado”.
De acuerdo con organizaciones locales, el proyecto reproduce los mismos patrones que llevaron al fracaso los programas implementados por los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, al ignorar a la sociedad civil organizada y no atender las particularidades sociales, económicas y de seguridad de la región de Tierra Caliente, una de las más afectadas por la violencia del narcotráfico.
El Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana del Valle de Apatzingán señaló que el modelo propuesto por Sheinbaum, basado en mesas de paz y seguridad quincenales, vuelve a dejar fuera a las comunidades y organizaciones civiles locales del diseño y la evaluación de las estrategias.
La Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), que agrupa a más de un centenar de asociaciones del estado, coincidió en que el plan “suena bien, pero llega tarde”. Los representantes de la fundación expresaron su preocupación por la falta de mecanismos que garanticen la participación social y la rendición de cuentas en los resultados.
Otro de los puntos cuestionados del programa es la propuesta de apoyo a los jornaleros agrícolas, la cual, según los grupos consultados, deja fuera a los productores de limón, pese a que este sector es uno de los más vulnerables ante las extorsiones del crimen organizado.
Los citricultores de Tierra Caliente, que abastecen principalmente el mercado nacional y no dependen de la exportación, señalan que la medida los coloca nuevamente en una situación de desprotección.
“Los jornaleros del limón están quedando completamente fuera del planteamiento, a pesar de ser los más expuestos a la violencia y a la extorsión”, advirtieron representantes de Fucidim.
Los tres intentos previos de pacificación en Michoacán —desde 2006 hasta hoy— han compartido dos factores comunes: la falta de transparencia en los resultados y la ausencia de inclusión comunitaria. Para los grupos civiles, el nuevo plan anunciado por el actual gobierno federal parece encaminarse en la misma dirección.
En palabras de los observadores locales, sin una estrategia integral que escuche a las comunidades, reconozca las dinámicas regionales y combata la corrupción institucional, cualquier esfuerzo de pacificación en Michoacán corre el riesgo de convertirse, una vez más, en un “mecanismo de simulación”.
