Durante al menos ocho años, un nombre ha circulado en susurros entre familias buscadoras, agentes estatales y sobrevivientes del miedo: «El Topo».
Su nombre real, Luis Carlos V. R., aparece en expedientes de la Fiscalía General del Estado como presunto líder criminal vinculado al Cártel de Sinaloa, con operaciones en Santa Eulalia, Santo Domingo y los alrededores de Aquiles Serdán.
Pero su legado no es solo el del narcotráfico. Es el de la desaparición sistemática. Es el de los tiros de mina convertidos en cementerios verticales.
Las minas abandonadas de la región, con profundidades que superan los 100 metros, han sido utilizadas como fosas clandestinas.
En al menos dos de ellas, la Fiscalía ha localizado más de 30 cuerpos, muchos identificados gracias al rastreo de antenas telefónicas y denuncias anónimas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Luis Martín Perea y su hija Gloria Ivanna, secuestrados en julio de 2019.
Sus cuerpos fueron hallados años después en un tiro de mina en Santa Eulalia. También se han recuperado los restos de Yaqueline Almader Carrasco, desaparecida en 2017, y de los jóvenes Antonio Mendoza Leal y José Antonio Maldonado Payán, víctimas de desaparición en 2019.
A pesar de los hallazgos, no hay órdenes de aprehensión ejecutadas contra El Topo. Su impunidad ha alimentado sospechas de protección institucional o complicidad pasiva.
Reportes ciudadanos han alertado sobre la presencia de hombres armados que patrullan zonas como Santo Domingo, donde incluso se ha advertido a vecinos que no salgan de sus casas.
Además, se ha documentado una disputa territorial con el grupo criminal “Los Cabrera”, lo que sugiere que El Topo no solo mantiene control local, sino que forma parte de una red más amplia de intereses criminales que se extienden hacia Ojinaga, Coyame y Aldama.
La Fiscalía ha iniciado investigaciones, pero no ha informado de detenciones relevantes.
El silencio institucional, sumado a la falta de resultados, ha generado una percepción de desinterés o colusión.
Mientras tanto, los tiros de mina siguen siendo puntos ciegos del Estado, donde la justicia no desciende.
