Edición 018/2025
Buenos días Chihuahua.
Hace apenas cuatro días, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua dio la bienvenida a 270 nuevos jueces de primera instancia y 30 magistrados. Un movimiento que, en teoría, debería representar un paso hacia la modernización y el fortalecimiento institucional.
Sin embargo, lo que se ha filtrado desde el interior del Tribunal pinta un escenario más complejo, y quizá más preocupante.
Este jueves 4 de septiembre, el personal judicial se va encontrar con los nuevos titulares de sala, quienes fueron asignados en una especie de “rifa” interna, que nadie sabe como se hizo, asimismo recibieron la respectiva notificación por correo electrónico este mismo día, por el poderoso nuevo Órgano de Administración Judicial.
Cristina Campos, antes jueza Penal, fue adscrita a la Primera Sala Penal; Perla Ruiz a la Séptima Penal; Gerardo Acosta repite curiosamente en la Cuarta Sala Penal; Hortensia García fue enviada a Parral; y en Ciudad Juárez, José Luis Chacón e Ilian Yasel Iradiel ocuparán nuevas magistraturas. ¿Transparencia en el proceso? ¿Mérito profesional? Las preguntas se acumulan.
Más allá de los nombres, lo que inquieta es el trasfondo político del uso que darán los nuevos titulares.
Se sabe además que al menos 12 de los 30 nuevos magistrados tienen afinidad con la corriente ideológica de Morena. Esto anticipa tensiones internas en el Pleno con el partido gobernante y posibles pugnas por el control del Poder Judicial. ¿Estamos ante una verdadera renovación o frente a una reconfiguración partidista del aparato judicial?, es la pregunta.
La preocupación entre el personal de carrera es palpable. Se teme que esta nueva ola de funcionarios venga acompañada de prácticas clientelares: familiares, amigos y compromisos políticos podrían desplazar a quienes han construido su trayectoria con base en méritos y años de servicio. La independencia judicial, piedra angular de cualquier democracia, podría verse comprometida por intereses ajenos a la justicia.
En tiempos donde la ciudadanía exige transparencia, ética y profesionalismo, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de demostrar que sus decisiones no responden a cuotas de poder, sino al compromiso con la legalidad y el bien común. Porque si la justicia se reparte por sorteo, ¿qué nos queda como sociedad?
El reto que enfrenta la titular del Poder Judicial Marcela Herrera Sandoval es mayúsculo, ayer recorrió los diferentes departamentos del Centro de Justicia y saludó a la mayoría del personal. Su trato se percibe amable y con compromiso para tratar de relanzar y sobre todo, darle otra imagen al Poder Judicial de Chihuahua, que en los últimos años perdió credibilidad y legitimidad en amplios sectores sociales.
Un medio de comunicación local destaca hoy en su primera plana que van cinco días sin resoluciones de juicios, en una cantidad estimada de más de 30 mil expedientes rezagados.
Los nuevos juzgadores no tienen que perder más tiempo, se tienen que poner a trabar a la de ya en sus juzgados y salas, tratar de responderle a los justiciables, a esos que les prometieron dar resultados.
Al tiempo.
