Un extenso informe del Population Research Institute ha revelado que, entro los peores y más dañinos operadores que eran financiados por USAID está el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), que se ha consolidado, desde su creación en 2006, como el principal articulador regional para la promoción, activismo y normalización del aborto en Iberoamérica.
CLACAI, según el informe, opera en 19 países y agrupa a más de 165 organizaciones internacionales y locales; y lidera una red supranacional cuya influencia trasciende la mera cooperación técnica, abarcando frentes legales, mediáticos y sanitarios con claras consecuencias políticas, sociales y jurídicas en la región.
Así funcionan
CLACAI organiza su estrategia en tres frentes bien diferenciados pero complementarios:
Jurídico-político: Organizaciones como Amnistía Internacional, Center for Reproductive Rights, Population Council y Pathfinder diseñan estrategias de despenalización, promueven litigios jurídicos estratégicos y elaboran marcos normativos en colaboración con actores locales.
Mediático-cultural: Planned Parenthood Global, Women Deliver y Católicas por el Derecho a Decidir promueven narrativas públicas -es decir propaganda- que definen el aborto como “un derecho humano fundamental,” reforzando campañas masivas y minando el discurso provida.
Tecnológico-práctico: IPAS, Fundación ESAR, Marie Stopes International e IPPF capacitan profesionales sanitarios, proveen guías de aborto farmacológico y generan redes digitales para facilitar el acceso al aborto “autogestionado”, es decir, el que se puede realizar a escondidas, escapando al marco jurídico de los países con legislaciones pro vida.
Es importante destacar que la mayoría de estas organizaciones han recibido por separado financiamiento directo o indirecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), otorgándoles recursos y capacidad operativa para modificar la ley e influir la cultura en nuestros países, incluso en abierto conflicto con legislaciones nacionales favorables a la vida.
La injerencia con cara de “cooperación”
El informe de PRI también expone cómo los aportes multimillonarios de USAID que han beneficiado a la IPPF, Planned Parenthood Global, Population Council, Pathfinder International, MSI Reproductive Choices y Women Deliver, entre otras, han permitido la ejecución de campañas, programas de capacitación y protocolos médicos orientados a ampliar el acceso al aborto en las narices de los países más pro-vida, bajo eufemismos como “salud sexual y reproductiva”, o “salud de la mujer”.
USAID también venía financiado a distintas organizaciones locales, como Profamilia y Oriéntame en Colombia, APROPO y PROMSEX en Perú, y CEMH en Honduras, potenciando su impacto territorial y favoreciendo su alineamiento con las directrices regionales de CLACAI.
La clave del éxito de estas organizaciones abortistas es que maniobran constantement a favor del aborto, pero utilizando nombres, programas y terminología diseñada para evitar el uso del término, y así sacarle la vuelta a la llamada “Política de Ciudad de México”, que prohíbe expresamente el uso de fondos norteamericanos en la promoción o facilicación del aborto como método de planificación familiar.
Así es como CLACAI evade la ley
Según el informe del PRI, a nivel local, el modelo de CLACAI permite desplegar campañas y actividades que van desde la elaboración de “protocolos clínicos” -procedimientos médicos que con diferentes excusas terminan en un aborto-, hasta la implementación abierta de servicios de aborto, muchas veces al margen o en contradicción con las leyes nacionales.
En Argentina, por ejemplo, organizaciones como REDAAS o FUSA han promovido capacitaciones y guías para el uso de misoprostol y mifepristona -las drogas que producen el aborto químico-, mientras que en Brasil, FEBRASGO avala el aborto como derecho y enseña el uso de medicamentos abortivos incluso sin supervisión médica; algo totalmente ilegal en el país
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y otros países evidencian cómo los miembros locales de CLACAI replican estrategias diseñadas desde fuera, llevando adelante litigios legales, campañas mediáticas y “capacitaciones” que buscan modificar la opinión pública y la legislación.
El informe del PRI documenta en detalle actividades específicas, alianzas y proyectos ejecutados por cada organización, mostrando que CLACAI es más que una plataforma de cooperación: es una red estructurada con funciones y objetivos precisos que responden a una agenda supranacional firmemente dedicada a la legalización y práctica sin límite del aborto en nuestros países.
