El juez Carlos Roberto Arévalo Salvador fue señalado por actuar de manera parcial en un caso de violencia sexual infantil, al otorgar ventajas procesales al imputado y dejar en estado de indefensión a las víctimas, que son sus propios hijos.
Los asesores jurídicos denunciaron que el juez fijó fecha de audiencia de inicio de juicio con apenas tres días de plazo para el desahogo de pruebas, pese a que los menores —principales testigos— se encuentran fuera de la ciudad por vacaciones y regresan hasta el 8 de septiembre.
Además, recordaron que el imputado se encontraba en el CERESO bajo prisión preventiva, pero hace un mes Arévalo Salvador le modificó la medida cautelar a brazalete electrónico. Ahora, el acusado busca que también se le retire dicho brazalete, alegando que le resulta incómodo para desempeñar su trabajo.
La defensa de la madre de los niños cuestiona que el juez esté acelerando el proceso sin garantizar condiciones mínimas de justicia para las víctimas. Señalan que su actuación genera dudas sobre la imparcialidad, al tomar resoluciones que benefician al agresor.
Otro punto que resaltaron es que Arévalo Salvador dejará su cargo tras la renovación del Poder Judicial el próximo 1 de septiembre, por lo que consideran que busca cerrar este juicio antes de su salida con decisiones que favorecen al imputado.
El caso ha encendido alertas sobre la falta de garantías para los menores y la necesidad de revisar la actuación de jueces que, a días de concluir su encargo, aceleran procesos con resoluciones cuestionables.
