«La inminente desaparición del Pleno actual de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua representa una oportunidad histórica para sanear y fortalecer el sistema judicial del estado», consideró el abogado Gabriel Vidaña.
Con un costo anual de 54 millones de pesos para mantener a 30 magistrados y cuatro consejeros, este modelo no solo es financieramente insostenible, sino que también ha permitido la perpetuación de cotos de poder y redes de influencia que debilitan la imparcialidad del Poder Judicial, subrayó.
La reforma al Poder Judicial, que incluye la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, promete una transformación significativa. Este proceso, aunque gradual, abrirá paso a una renovación completa de las estructuras de poder dentro del TSJ. Actualmente, el Pleno está compuesto por mas de 26 magistrados que encabezan salas en diversas materias y perciben sueldos mensuales de hasta 150 mil pesos, un gasto desproporcionado que contrasta con las necesidades de modernización y accesibilidad de la justicia en el estado.
Además, las recientes jubilaciones masivas —51 jueces y al menos nueve magistrados— evidencian la urgencia de un cambio estructural que no solo atienda las cuestiones económicas, sino también las dinámicas internas que han perpetuado privilegios. La elección de los nuevos titulares mediante el voto ciudadano promete un contrapeso democrático que puede devolverle al Poder Judicial la legitimidad que, en algunos casos, se ha visto comprometida.
La renovación no será inmediata, pero el compromiso debe ser claro: el Poder Judicial debe evolucionar hacia una estructura más funcional, representativa y ajena a los intereses de unos cuantos. Chihuahua tiene ante sí la oportunidad de liderar este cambio y sentar un precedente de justicia renovada, sentenció el litigante.
