“Pese a señalar el riesgo de atentar contra la separación de poderes, la soberbia nublo al oficialismo; y sin medir consecuencias para el país, aprobaron sin escrúpulos la reforma que inhabilita las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, así como el juicio de amparo en las adiciones y reformas a la Constitución”, expresó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez.
El priista advirtió, como lo haría Heberto Castillo, “Si la Constitución no protege al pueblo, será olvidada y se abrirá la puerta a un Estado autoritario”; puesto que la concentración de poder y el debilitamiento de las instituciones, son una alerta sobre el riesgo de que México se desvíe hacia un autoritarismo encubierto, despojando a los ciudadanos de sus derechos y garantías.
Reiteró que el PRI, seguirá rechazando cualquier intento de convertir la Carta Magna en una herramienta de autoritarismo; ya que el PRI construyó durante décadas el andamiaje para que se garantizara que los de derechos fundamentales no se anularan ni suprimieran; “respetamos la constitución y creamos los mecanismos de protección a la misma, por lo que invitó a la reflexión sobre las consecuencias de la reforma y la responsabilidad de los legisladores en la defensa de las instituciones y la justicia”, recalcó.
Morena y sus aliados, se han cansado de decir que no somos iguales, y sí, AFORTUNADAMENTE, ¡NO SOMOS IGUALES!, ellos serán los responsables de decirle a las próximas generaciones, que no habrá más instituciones que sirvan para proteger sus derechos ciudadanos frente a los abusos de poder, refirió.
“Que como diputados del movimiento en el gobierno, votaron para prohibir la impugnación de reformas constitucionales, dejando al poder político sin límites frente a los ciudadanos, y que no habrá más juicios de amparo, en pocas palabras, serán los responsables de decirle a los mexicanos, que votaron para que se callen quienes no estén de acuerdo con ellos o con los gobernantes de su partido”, concluyó.
EL PRI SE OPONE A:
– A que se establezcan candados que nos impidan acceder a medios de defensa ante actos legislativos que puedan ser violatorios a los derechos humanos.
– A que cada vez se le disminuya en facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante del respeto a la Constitución.
– A la desaparición fáctica de la división de poderes
– A la extinción de un verdadero sistema de pesos y contrapesos.
– A que se le niegue a los órganos autónomos u órdenes de gobierno, el disentir sobre una norma, acto u omisión que invada su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional.
