El abogado Gabriel Alejandro Vidaña hizo una serie de comentarios para HBMNoticias, luego de la información que dio a conocer la magistrada presidenta del TSJ Myriam Hernández, en el sentido de que más de 100 funcionarios judiciales han iniciado los trámites para jubilarse ante los cónflictos entre poderes por la llamada Reforma Judicial.
El litigante expresó, «La entrevista con la magistrada presidenta Myriam Hernández pone en evidencia las graves deficiencias y desigualdades en la administración del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, especialmente en lo que respecta al proceso de jubilación de sus funcionarios.
Lo que debería ser un proceso claro y equitativo se convierte en un reflejo de la falta de estrategia, liderazgo y respeto hacia los jueces que han dedicado años de servicio a la institución».
Resulta sumamente preocupante que se hable de incrementar partidas presupuestales para asegurar el retiro de los magistrados, mientras los jueces —quienes, en su mayoría, han llegado a sus posiciones a través de concursos y no de favores políticos— se sienten completamente ignorados.
Esta disparidad entre jueces y magistrados no solo es injusta, sino que también demuestra una absoluta falta de visión y un desprecio por el personal que ha sostenido la estructura judicial.
Parece que para el Poder Judicial de Chihuahua, el trabajo de estos jueces no tiene el mismo valor ni merece el mismo reconocimiento que el de los magistrados.
La situación es aún más descarada al considerar el caso de los jueces provisionales, quienes ahora volverán a ocupar cargos anteriores como secretarios o defensores, y no deberían estar contemplados para recibir los mismos beneficios de jubilación.
Sin embargo, no existe una postura firme de la magistrada presidenta respecto a este tema. Este vacío estratégico no solo genera resentimiento entre los jueces definitivos, sino que también es un claro síntoma de la falta de compromiso de las autoridades judiciales para administrar los recursos de manera justa y coherente.
Por otro lado, el argumento de que esta oleada de jubilaciones es el resultado del conflicto a nivel federal por la Reforma Judicial es una señal de alarma sobre la vulnerabilidad del Poder Judicial de Chihuahua ante presiones externas. En lugar de garantizar la estabilidad y defender los derechos de su personal, la administración parece más interesada en proteger únicamente a ciertos grupos privilegiados, dejando al resto de los funcionarios judiciales en la incertidumbre.
El hecho de que el Tribunal esté considerando una controversia constitucional respecto a esta Reforma es un intento tardío de tapar el sol con un dedo.
La falta de una política de retiro integral y equitativa, junto con la visible preferencia hacia los magistrados, expone una profunda crisis de legitimidad en el Poder Judicial de Chihuahua.
La magistrada presidenta Myriam Hernández y su administración deberían replantear sus prioridades y recordar que su responsabilidad no es solo con aquellos en la cúspide, sino con todos los miembros de la institución que merecen ser tratados con justicia y dignidad.
Es inaceptable que se destinen partidas especiales para asegurar el retiro de magistrados después de solo 15 años de servicio, mientras que a los jueces, quienes a menudo dedican décadas de su vida al trabajo judicial, se les niegan las mismas protecciones y beneficios.
Este enfoque desigual no solo es un insulto a la dedicación de los jueces, sino que también transmite un mensaje claro: el Poder Judicial de Chihuahua parece valorar más a quienes están en posiciones altas y temporales que a aquellos que sostienen la operatividad diaria del sistema judicial a lo largo de toda una carrera.
Hay Jueces que llevan mas de 15 años trabajando, que empezaron en otras areas, que llevan 20 o más años de servicio en su carrera judicial y hay magistrados que tienen hasta menos de cinco años siendolo ,
El manejo de esta situación por parte del Poder Judicial no solo es inequitativo, sino también ineficiente y, en última instancia, vergonzoso. Es hora de que se establezcan políticas que reflejen un verdadero respeto por todos los funcionarios, no solo por aquellos con conexiones y cargos altos», concluyó Vidaña.
